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Publicada en el DOUE la Directiva “stop the clock”

Unión Europea - 

La directiva, que forma parte del primer paquete de medidas de simplificación normativa propuesto por la Comisión Europea en febrero de 2025, retrasa las fechas de aplicación de las Directivas CSRD y CSDDD.

El pasado 26 de febrero de 2025 la Comisión Europea adoptó la iniciativa Ómnibus de simplificación normativa, que incluía, entre otras cuestiones, la propuesta de aplazar la aplicación de los requisitos de información de la Directiva de información corporativa en materia de sostenibilidad (CSRD) y el plazo de transposición y de aplicación de la Directiva de diligencia debida en materia de sostenibilidad (CSDDD).

Esta propuesta se ha materializado en la Directiva (UE) 2025/794 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14 de abril de 2025, por la que se modifican las Directivas (UE) 2022/2464 y (UE) 2024/1760 en lo que respecta a las fechas a partir de las cuales los Estados miembros deben aplicar determinados requisitos de presentación de información sobre sostenibilidad y de diligencia debida por parte de las empresas, denominada directiva “stop the clock”.

Como ya detallábamos en nuestra publicación sobre la iniciativa Ómnibus (ver aquí) las nuevas fechas a tener en consideración son las siguientes:

  • En cuanto a la directiva CSRD, se retrasa dos años la aplicación de los requisitos de información para las empresas que aún no han empezado a reportar (hasta 2028, respecto del ejercicio 2027, para las grandes compañías que debían reportar en 2026 y hasta 2029, respecto del ejercicio 2028, para las pymes cotizadas que debían informar en 2027).
  • En cuanto a la directiva CSDDD, se pospone un año el plazo de transposición de la norma por parte de los Estados miembros (hasta el 26 de julio de 2027) y se aplaza en un año (al 26 de julio de 2028) la aplicación de los requisitos de diligencia debida en materia de sostenibilidad para las empresas más grandes, esto es, de más de 3.000 empleados de media y un volumen de negocios neto mundial de más de 900 millones de euros.

Los Estados miembros tienen que transponer esta directiva antes del 31 de diciembre de 2025.