Responsabilidad ampliada del productor y fiscalidad ambiental, a examen tras tres años de la Ley de Residuos
Expertos de Garrigues analizan los desafíos jurídicos y tributarios que plantea la normativa, desde el nuevo impuesto sobre envases hasta el futuro sistema de depósito y retorno (SDDR)

En el marco del ciclo Garrigues Sostenible, el pasado 8 de abril se celebró una nueva sesión bajo el título Tres años de la Ley de Residuos: balance y perspectivas en materia de responsabilidad ampliada y fiscalidad ambiental. El encuentro reunió a expertos del despacho para reflexionar sobre el impacto de esta normativa tras su entrada en vigor, con especial foco en la responsabilidad ampliada del productor (RAP) y los nuevos marcos fiscales relacionados con la gestión de residuos.
La sesión fue inaugurada por José María Cobos, socio del área Tributaria, quien subrayó que el tercer aniversario de la Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular ofrece una oportunidad idónea para valorar sus efectos y anticipar los retos que se avecinan.
A continuación, Javier Fernández Rivaya, socio de Derecho Administrativo y Constitucional, puso el acento en el giro normativo hacia una mayor implicación de los productores: “Ya no se trata solo de quienes fabrican, sino también de quienes importan o comercializan productos. La ley da un paso más allá, involucrando incluso a plataformas de comercio electrónico”. También se refirió al desarrollo reglamentario de la norma en el ámbito de los envases y al que en principio llegará próximamente para el flujo textil. Igualmente, explicó los próximos pasos derivados del sistema de depósito, devolución y retorno (SDDR), cuyo plazo para solicitar la autorización vence este mes de mayo con vistas a estar operativo en noviembre de 2026.
En materia tributaria, Rafael Arizcun destacó el cambio de enfoque de la nueva tasa por eliminación de residuos: “Antes se basaba en el principio de equivalencia; ahora responde a criterios ambientales como el ‘quien contamina paga’ y los principios de economía circular”. Por su parte, Marta González abordó los retos que plantea el Impuesto sobre envases de plástico, especialmente por la complejidad que supone aplicar criterios de la normativa ambiental en el ámbito tributario: “Ni siquiera está siempre claro qué productos son envases o cuándo son reutilizables”.
La sesión también abordó las implicaciones fiscales y operativas del futuro marco normativo en materia de desperdicio alimentario. Javier Fernández destacó sus objetivos ambiciosos de reducción de residuos alimentarios, mientras que Rafael Arizcun se centró en los cambios que la futura ley introduce en el marco de las Haciendas Locales. Marta González lamentó que la norma no contemple incentivos fiscales en el impuesto sobre envases para los destinados a la donación de alimentos: “Se ha perdido la oportunidad de equipararlos a productos que ya cuentan con beneficios similares”.
La jornada dejó claro que, a tres años de su entrada en vigor, la Ley de Residuos ha abierto una nueva etapa en la gestión ambiental, con importantes implicaciones jurídicas y fiscales que seguirán evolucionando en los próximos años.
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